Primera parte: Wikileaks y Ley Sinde: El plan de EEUU (I). Segunda parte: WikiLeaks y Ley Sinde: El plan español (II).
Resumen.
- ¿Es la Ley Sinde fruto de la presión estadounidense o de las industrias nacionales?
- Los teletipos de Cablegate muestran la presión de EEUU en otros países.
¿Existiría la Ley Sinde sin la presión de EEUU? Del contenido de los teletipos parece deducirse que durante años los gobiernos españoles han estado toreando a EEUU con respecto a legislación en contra de las descargas. Hasta que en 2008 la Embajada se planta y recomienda incluir a España en la lista negra del Informe 301. A eso añadimos que en enero de 2009 Barack Obama toma posesión como presidente de EEUU. La remodelación del gobierno español, que sitúa a Ángeles González Sinde como ministra, ocurre en abril de 2009. Dos meses después, El País ya anticipa las líneas generales de la Ley Sinde. Conocemos que Zapatero tiene el objetivo de congraciarse con Obama y conocemos también que la protección de la propiedad intelectual está entre las prioridades de la Embajada de Madrid. 1+1=2.
Por otra parte, en uno de los despachos diplomáticos de Cablegate comentados en entradas anteriores, la Ministra de Cultura cita la amenaza del libro electrónico como uno de los ingredientes que ha facilitado el cambio de estrategia del Gobierno. El creciente número de industrias damnificadas por la revolución digital unido bajo el paraguas de la Coalición de Contenidos, conseguió lo que la radiactiva SGAE no pudo. (Hay que tener en cuenta que en la Coalición no solo están representadas empresas españolas, sino las delegaciones de las multinacionales estadounidenses).
La influencia interna es destacable. Pero el interés, las formas y las prisas de Moncloa por la Ley Sinde tienen mejor justificación dentro de una agenda política internacional, más que por las urgencias de la industria nacional. Creo que la Ley Sinde no hubiera entrado en el proyecto de Ley de Economía Sostenible si Zapatero no tuviera que arreglar otros desaires o la utilizara como moneda de cambio con EEUU.
La guerra internacional contra las descargas.
Lo que también nos deja claro los despachos de Cablegate es que, por encima del color político, en las embajadas estadounidenses priman los intereses de Hollywood, que se hace oir en todos los países. Cuando la industria de contenidos estadounidense quiere presionar a España tiene a su disposición, entre otros, a: la MPAA, la RIAA, las cámaras legislativas de Washington, el Gobierno estadounidense, la Embajada estadounidense en Madrid, Sony España, Universal España -etc- y la Coalición de Contenidos. Y esto pasa en España, pero también en otros lugares.
El diario Le Monde ha publicado un artículo centrado en torno a la Ley Hadopi, WikiLeaks: la loi Hadopi intéresse au plus haut point Washington. EEUU siguió con todo detalle el desarrollo de esta ley francesa de tres avisos y posterior desconexión de los usuarios. Era un hito trascendente, porque una vez adoptada en Francia serviría para que EEUU presionara a otros países. Hadopi entró en rumbo de colisión con el Parlamento Europeo, que debatió prohibir la desconexión de los usuarios en el Paquete Telecom, pero al final, se dejó a voluntad de los países. ¿Qué presiones recibió el Parlamento Europeo de EEUU? De momento, lo desconocemos.
Lo que sí conocemos son los esfuerzos para crear un tratado internacional que incluya medidas anti-descargas. Me refiero al Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Las negociaciones de este tratado internacional , teóricamente contra la falsificación pero que incluiría medidas represivas contra las descargas, se ha llevado durante varios años en secreto. Parece claro que ésta es la pirueta legal más ambiciosa de la industria estadounidense para imponer su visión, dado que los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Washington en su lucha contra las descargas ilegales? ¿Todo vale para salvaguardar los intereses de las grandes corporaciones? Hay un despacho que deja entrever resquicios de principios democráticos. En un teletipo escrito en febrero de este año, el 10ROME125, la Embajada de Roma alerta de la estricta legislación propuesta por Berlusconi. Reconoce que han presionado a Italia durante años, sin éxito, pero cree que se han pasado. La ley requiere que la publicación de vídeos en Internet se realice previa autorización ministerial y hace responsables a los proveedores de los vídeos subidos por sus usuarios. Esto se interpreta como una maniobra (más) del gobierno italiano para favorecer a los negocios de Berlusconi y controlar las opiniones en la Red. Sentencia:
«Además, esta ley podría sentar precedentes para que otras naciones como China puedan copiar o citar como justificación para sus propias campañas contra la libertad de expresión».
¿Libertad de expresión en Internet, sí, pero sólo si no descargas películas? (Qué principios tan sólidos).
Aún en el caso que la Ley Sinde se apruebe, la satisfacción de EEUU va a durar el tiempo que se tarda en hacer una encuesta y comprueben que los usuarios españoles siguen realizando descargas. Porque en España, el P2P no es delito y pagamos un canon digital por copia privada. Pero, sobre todo, porque en España la industria de contenidos está paralizada por el miedo a las nuevas tecnologías. La clave para frenar las descargas son servicios que ofrezcan una experiencia de uso que haga molesto el uso de otras alternativas. En EEUU florecen los negocios multimillonarios de contenidos digitales, como iTunes, Netflix, Hulu o Kindle. En nuestro país no hay nada ni siquiera similar a Amazon.
La industria reza para que el Gobierno les conserve su statu quo a golpe de legislación. Pero con Ley Sinde o sin ella, no hay marcha atrás. El mundo no volverá a ser como en 1989.
Cuarta parte: Wikileaks y Ley Sinde: ¿Y ahora, qué? (IV)
Lecturas recomendadas.
